5.1.- Prevención de la contaminación y responsabilidad por daños ecológicos

(Art. 26º)

1.- Las actividades turísticas se desarrollarán con sujeción a la normativa de medio ambiente y de conservación de la naturaleza, con especial atención a las normas sobre residuos sólidos, sanidad y salubridad del agua, pureza del aire y del suelo, conservación de los espacios naturales protegidos, defensa de la flora y fauna, particularmente la protegida autóctona de Canarias y contaminaciones físicas, químicas, biológicas o acústicas.

2.- En los términos de la normativa general y sectorial de aplicación, las empresas promotoras uy organizadoras de actividades turísticas serán responsables de los daños que por causa de ellas se produzcan en el aire, agua, suelo, subsuelo, fauna, flora o cualquier otro elemento del medio ambiente y de la naturaleza, así como de la alteración de los procesos ecológicos esenciales que pudieran tener lugar, salvo que la responsabilidad sea imputable a actuaciones personalísimas del usuario turístico, verificadas al margen de las actividades organizadas o a los proveedores de los bienes utilizados, cuando haya mediado la diligencia debida en su manipulación.

5.2.- Protección de espacios naturales

(Art. 27º)

1.- La realización de actividades turísticas y la instalación de establecimientos para su desarrollo, en espacios naturales protegidos o en áreas de sensibilidad ecológica catalogadas en aplicación de la legislación de prevención del impacto ecológico, así como cuando puedan resultar afectadas especies animales o vegetales declaradas protegidas, requerirán, además de un estudio básico de impacto ecológico, autorización de la Consejería competente en materia turística previo informe vinculante de la competente en materia de conservación de la naturaleza.

Al otorgar tales autorizaciones, se incorporarán a las mismas los condicionamientos destinados a la preservación del medio ambiente.

2.- Igualmente requerirán la autorización a que se refiere el número anterior, las actividades turísticas a desarrollar en sus zonas periféricas.

5.3.- Preservación de la cultura

(Art. 28º)

Se considerará publicidad turística engañosa, el anuncio o utilización como propia de la cultura canaria de cualquier manifestación cultural ajena.

5.4.- Programas y acciones de protección del medio ambiente y de conservación de la naturaleza

(Art. 56º)

1.-Las Consejerías competentes en materia de medio ambiente y de turismo, llevarán a cabo programas y acciones para la protección del medio natural de las zonas turísticas, con los siguientes objetivos concretos:

a)      Reducir el consumo de los recursos no renovables del Archipiélago, así como evitar su contaminación.

b)      Eliminar o reducir la producción de residuos no reciclables y estimular el uso de los reciclados.

c)      Estimular el ahorro energético y el uso de combustibles de bajo nivel contaminante.

d)      Generar conductas ecológicamente responsables en todos los que intervengan en el ámbito turístico.

e)      Promover el respeto al medio ambiente, a la conservación de la naturaleza y a los procesos ecológicos esenciales.

2.- Este programa, una vez aprobado por el Gobierno de Canarias, servirá para coordinar la acción sobre el medio ambiente de todas las Administraciones públicas.

6.- Actividades reglamentadas

6.1.- Sujetos, establecimientos y actividades vinculados por esta Ley.

(Art. 2º)

1.- La presente Ley será especialmente aplicable a:

a)      Todas las administraciones, organismos y empresas públicas, que desarrollen su actividad relacionada con el turismo en el Archipiélago Canario.

b)      Las empresas que desarrollen actividades o que ofrezcan servicios de alojamiento turístico de cualquier tipo, así como los establecimientos donde se realicen.

c)      Las empresas que desarrollen actividades o que ofrezcan servicios de restaurante, cafetería, bar, terrazas de verano, discotecas, salas de fiesta o baile y, en general, todas las complementarias de ocio y esparcimiento que sean calificadas como turísticas por el Gobierno de Canarias, así como los establecimientos donde se lleven a cabo.

d)      Las agencias de viaje, operadores turísticos y demás empresas de intermediación turísticas, que presten sus servicios en el Archipiélago Canario, así como los establecimientos donde desarrollen su actividad.

e)      El ejercicio profesional de los técnicos en empresas y actividades turísticas y de los informadores, guías turísticos, guías-intérpretes, animadores, monitores y demás empresas o personas físicas dedicadas al acompañamiento e información turística.

f)        Los balnearios, piscinas, parques acuáticos, instalaciones deportivo-turísticas, parques zoológicos y botánicos y los centros de ocio en general, cuando su acceso sea libre, independientemente de que se exija o no contraprestación por el mismo.

g)      Las empresas de transporte y las agencias de alquiler de vehículos de cualquier tipo, con o sin conductor, que de forma exclusiva u ocasional realicen actividades turísticas.

Se entienden incluidas en este apartado, las empresas que realicen excursiones aéreas o marítimas, con fines turísticos o de pesca deportivo-turística, siempre que celebren sus contratos en el Archipiélago Canario.

h)      Cualquier otra empresa o actividad cuyo giro o tráfico comprenda servicios relacionados directa o indirectamente con el turismo y que sea calificada como turística por el Gobierno de Canarias.

2.- La Consejería con competencias en materia turística, previo expediente instruido al efecto, podrá declarar la no sujeción a esta Ley de empresas, actividades o establecimientos, que pudieran considerarse turísticos, cuando se acredite que carecen de tal carácter o naturaleza.

7.- Requisitos administrativos

7.1.- Exigibilidad de requisitos

(Art. 21º)

Las empresas y establecimientos, cualesquiera que sean la naturaleza y forma que adopten, deberán obtener las autorizaciones y cumplir los demás requisitos previstos en esta Ley, para el desarrollo de las actividades calificadas como turísticas por la misma, sin perjuicio del cumplimiento de la legislación general y del sector.

7.2.- Registro general de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos

(Art. 22º)

1.- Simultáneamente a la inscripción en la sección primera del Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos, se expedirá al titular registral, un documento que acredite que tal inscripción ha sido realizada.

2.- Dicho documento es personal e intransferible, individual para cada titular registral y acredita fehacientemente la inscripción en el censo de la sección primera del Registro General.

3.- La exhibición del documento a que este artículo se refiere será requisito previo y necesario para la tramitación, ante cualquier administración Pública, de expedientes relacionados con la materia turística, incluyendo las licencias municipales de edificación y de apertura de establecimientos.

7.4.- Autorizaciones previas

(Art. 24º)

1.-El ejercicio de cualquier actividad turística reglamentada requerirá, independientemente de la inscripción en el Registro General de Empresas, actividades y Establecimientos Turísticos, y previa clasificación del establecimiento, en su caso, la correspondiente autorización, cualquiera que sea su denominación, expedida por la administración turística competente, conforme a la normativa de aplicación.

2.- L a autorización a que este artículo se refiere, será previa a la concesión de la licencia de edificación, cuando ésta proceda e independiente de la licencia de apertura de establecimientos y de cualesquiera otras autorizaciones que fueran preceptivas por aplicación de la legislación sectorial.

7.5.- Exigencia de estándares

(Art. 33.2º)

Las autorizaciones previas al ejercicio de actividades alojativas en Canarias, se adecuarán igualmente a los referidos estándares.

7.6.- Dispensa de estándares por razones de interés turístico

(Art. 34º)

A propuesta de la Consejería competente en materia turística, el Gobierno de canarias, motivadamente, con carácter excepcional y por razones de interés turístico debidamente acreditado en el expediente, podrá eximir del cumplimiento de los estándares de aplicación a los proyectos de nueva construcción. La falta de resolución expresa no dará lugar, en ningún caso, a la dispensa del cumplimiento de los estándares de aplicación.

7.7.- Cualificación y habilitaciones personales

(Art. 25º)

Las actividades que requieran conocimientos específicos se desarrollarán por quienes posean la debida cualificación o titulación académica, de acuerdo con la normativa estatal y de la Unión Europea.

8.- Ordenación de empresas y actividades turísticas

8.1.- Definiciones

(Art. 31º)

1.- A los efectos de esta Ley ejercen actividades turísticas alojativas todas aquellas empresas en que se preste un servicio de alojamiento desde un establecimiento abierto al público y mediante precio.

2.- Se entenderá prestado un servicio de alojamiento turístico cuando se oferte en libre concurrencia la estancia en el establecimiento de forma temporal, sin constituir cambio de residencia para la persona alojada.

8.2.- Actividad turística alojativa.

8.2.1.-Tipología

(Art. 32º)

1.- Los servicios de alojamiento turístico se ofertarán dentro de alguna de las siguiente modalidades:

a) Hotelera

b) Apartamentos turísticos.

c) Campamentos de Turismo

d) Ciudades de vacaciones

e) Paradores de turismo

f) Establecimientos de turismo rural

g) Las empresas que presten servicios de balneario, medicina preventiva, regenerativa y de rehabilitación.

h) Alojamiento en régimen de uso a tiempo compartido

i) Cualesquiera otras que reglamentariamente se determinen.

2.- Todo alojamiento turístico exhibirá las placas identificativas correspondientes a su modalidad y categoría.

3.- Reglamentariamente se determinará por el Gobierno de Canarias qué tipo de establecimientos deben entenderse comprendidos dentro de cada una de las modalidades señaladas en el apartado 1 de este artículo.

4.- La clasificación de un establecimiento podrá ser revisada, en cualquier momento, por el departamento del Gobierno de Canarias competente en materia turística, de oficio o a instancia de parte interesada.

8.3.- Responsabilidades por sobrecontratación

(Art. 37º)

1.- Las empresas alojativas serán responsables frente a sus usuarios y ante la Administración, de las situaciones de sobrecontratación, creadas por el exceso de reservas que no pueda ser atendido.

2.- En caso de sobrecontratación, la empresa está obligada al alojamiento del usuario que la sufre en otro establecimiento de la misma zona y de categoría como mínimo igual a la ofertada, sufragando los gastos de traslado hasta el establecimiento que definitivamente lo aloje.

3.- De no ser posible alojar al usuario en las condiciones establecidas en el número anterior, la empresa deberá alojarlo en cualquier otro, indemnizándolo por todos los daños que se ocasionen, incluido el sufrido por pérdida de vacaciones, en su caso.

4.- Las eventuales responsabilidades de los operadores turísticos en esta materia, serán depuradas en el expediente que se instruya.

5.- Cuando se produzca la situación a que se refiere el apartado 1 de este artículo, será anunciada en cartel legible desde la recepción del establecimiento en el que se indiquen los derechos y responsabilidades a que dé lugar, según esta Ley.

8.4.- Principio de unidad de explotación

(Art. 38º)

1.- En los establecimientos alojativos el ejercicio de la actividad turística deberá ser efectuado bajo el principio de unidad de explotación.

2.- A los efectos de esta Ley, por unidad de explotación se entiende la exigencia de sometimiento a una única titularidad empresarial de la actividad de explotación turística alojativa en cada establecimiento alojativo conjunto unitario de construcciones, edificio o parte homogénea del mismo, que corresponda a alguna de las modalidades alojativas previstas en esta Ley.

8.5.- Aplicación del principio a las comunidades de propietarios y propiedades múltiples

(Art. 39º)

1.- Cuando la propiedad de las construcciones o edificios en que la actividad alojativa se haya de prestar pertenezca a varios titulares en régimen de copropiedad, comunidad o similar, su explotación turística deberá realizarse necesariamente ea través de sociedades mercantiles o de un empresario individual. En su caso, las sociedades podrán constituirse por los propietarios de os inmuebles o cualesquiera personas interesadas en la gestión turística de los mismos.

2- La empresa explotadora deberá obtener de los propietarios un título jurídico que la habilite para la explotación del inmueble, con una duración mínima de tres años, extendido en documento público o privado en firmas notarialmente legitimadas. Ese título habrá de ser acreditado ante la administración turística para obtener la autorización de instalaciones.

3- La empresa explotadora, habrá de asumir la explotación de la totalidad de las unidades del inmueble de que se trate. Excepcionalmente, la Consejería con competencia en materia turística, podrá autorizar ala explotación de un número menor al total de unidades, si la gestión unitaria por la empresa explotadora abarca, como mínimo, los dos tercios del total, que obtengan de la comunidad la diferenciación de espacios comunes que les corresponda utilizar en explotación y autorización para efectuar en ellos las mejoras que precise su dedicación a la actividad turística. En este caso, las unidades que queden excluidas de la explotación, no podrán ser destinadas a dicha actividad.

8.6.- Requisitos y condiciones de la unidad de explotación

(Art. 40º)

La unidad de explotación de alojamientos turísticos requiere:

a) Destinar un número suficiente de personas a la explotación.

b) Una recepción suficiente y permanentemente atendida, encargada de la atención al cliente.

c) Mantener en dicha recepción y a disposición de los clientes un ejemplar de esta Ley y de los reglamentos vigentes en cada momento en materia de alojamientos turísticos, permiso de apertura turística y municipal y las hojas de reclamaciones.

8.7.- Excepciones al principio

(Art. 41º)

La consejería competente en materia turística podrá dispensar la aplicación del principio de unidad de explotación cuando entre las diferentes unidades del inmueble exista total independencia de acceso, servicios, zonas comunes, instalaciones y equipamiento.

8.8.- Consecuencias del incumplimiento del principio

(Art. 42º)

1.- Los alojamientos que no sigan el principio de unidad de explotación quedarán excluidos de la oferta turística de Canarias, con las siguientes consecuencias:

a) No se autorizará su actividad turística alojativa.

b) Sólo podrán ser alquilados o arrendados conforme a las disposiciones del Código Civil o de la Ley de Arrendamientos Urbanos y en ningún caso para uso turístico.

c) No podrán ser incluidos en los catálogos ni comercializados por agencias de viajes.

2.- El incumplimiento del principio de unidad de explotación y de sus requisitos y condiciones se considerará infracción y será sancionado con arreglo a esta Ley.

8.9.- Calidad de instalaciones y servicios

(Art. 43º)

Los establecimientos alojativos deberán conservar siempre las instalaciones y ofrecer los servicios, al menos con la calidad que fue tenida en cuenta para concederles las autorizaciones turísticas pertinentes.

8.10.- Conservación de la calidad de los establecimientos alojativos

(Art. 44º)

1.- Todos los establecimientos alojativos de más de diez años de antigüedad, para poder conservar la clasificación que posean, deberán poner en práctica un programa especial de mantenimiento destinado a la incorporación de soluciones técnicas actualizadas. Dicho programa se podrá exigir también a aquellos establecimientos alojativos de menor antigüedad cuyo grado de deterioro así lo aconseje, previo expediente instruida al efecto por la Consejería competente en materia de turismo, con audiencia del interesado y mediante resolución motivada en los informes técnicos correspondientes.

2.- Este programa deberá ser aprobado por la Consejería competente en materia turística.

3.- Cuando el programa no resulte aprobado o no se cumpla en los términos de la aprobación, la Consejería con competencia en materia turística podrá identificar el establecimiento, junto a la placa-distintiva, con otra que haga público su año de construcción y la inexistencia de mejoras significativas, cuyo uso será obligatorio en toda presentación comercial del establecimiento alojativo, o reclasificarlo, cuando así proceda.

4.- Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, los Ayuntamientos y, subsidiariamente, la Consejería competente en materia turística, podrán en cualquier momento requerir a los titulares de los establecimientos turísticos la ejecución de obras de conservación y mejora de las fachadas o espacios visibles desde la vía pública.

8.11.- Capacitación del personal

(Art. 45º)

El Gobierno de Canarias, oído el Consejo Regional de Turismo, podrá establecer la obligatoriedad de realizar cursos de capacitación del personal en las empresas que exploten hoteles o apartamentos de categoría igual o superior a tres estrellas o tres llaves, respectivamente, así como en cualesquiera otros establecimientos alojativos, cuya relevancia en la oferta turística de canarias o número de trabajadores lo haga aconsejable, para conseguir el mantenimiento de la calidad de servicios adecuada.

8.12.- Regulación de los alojamientos en régimen de uso a tiempo compartido

(Art. 46º)

1.- Las fórmulas comerciales consistentes en la utilización sucesiva de un mismo alojamiento por personas que lo comparten por períodos de tiempo, actuarán sometidas a esta Ley, a la legislación turística en general y a la normativa de la Unión Europea sobre la materia, sin perjuicio de la sujeción a la legislación civil, mercantil, fiscal o cualquier otra que resulte de aplicación.

2.- Las promociones que al efecto se efectúen en Canarias, se realizarán con arreglo a las siguientes normas:

a) En ningún caso utilizarán sistemas agresivos de publicidad y captación de clientes, que perturben la tranquilidad de los usuarios turísticos. El Gobierno de Canarias aprobará unas normas reglamentarias que regulen y controlen esta actividad, que serán de obligado cumplimiento y a las que se adaptarán alas ordenanzas municipales sobre la materia.

b) Recogerán expresamente, en todo tipo de publicidad que realicen, el derecho de resolver el contrato que se celebre, durante un plazo que, en ningún caso, será inferior a diez días naturales, o al mínimo señalado por la legislación estatal sobre la materia. Los incumplimientos de lo preceptuado en el apartado anterior serán considerados infracciones turísticas graves, a los efectos previstos en el art. 76.10 de esta Ley.

c) Tendrán a disposición de los interesados la documentación que acredite fehacientemente la titularidad, disponibilidad y sistema de atribución de usos de los alojamientos. Quienes tengan atribuida la explotación deberán acreditar, ante los clientes y ante la administración turística, el título jurídico por el cual los propietarios de las unidades alojativas le han concedido el derecho de explotación.

d) Garantizarán el adecuado mantenimiento de los alojamientos, edificios y zonas comunes a lo largo de toda la duración del contrato.

e) Las empresas que exploten turísticamente un alojamiento en Canarias, cuando no estén domiciliadas en el Archipiélago, deberán designar un representante, persona física o jurídica, residente que asuma las responsabilidades que correspondan en nombre de la empresa.

f) El régimen de unidad de explotación de este tipo de alojamientos se regirá por un reglamento específico.

g) El Gobierno de Canarias establecerá un distintivo de exhibición obligatoria, señalará el montante de la fianza que, conforme a la legislación de aplicación deba depositarse, y reglamentará esta actividad como parte de la oferta turística de Canarias. Las empresas explotadoras de este tipo de establecimientos, deberán constituir fianza de conformidad con las normas que reglamentariamente se establezcan.

8.13.- Concepto y alcance de la intermediación turística

(Art. 47º)

1.- Constituye intermediación turística, la actividad empresarial de quienes se dedican comercialmente en exclusividad al ejercicio de actividades de mediación y organización de servicios turísticas o pudiendo utilizar medios propios en la prestación de los mismos.

2.- A los efectos de esta Ley, los sistemas de intercambio a los que se acojan los alojamientos en régimen de uso a tiempo compartido, tendrán la consideración de intermediación turística.

8.14.- Requisitos

(Art. 48º)

1.- La actividad de intermediación turística sólo podrá realizarse por empresas mercantiles constituidas en forma de sociedad anónima o de responsabilidad limitada.

2.- La intermediación turística, en cuanto afecte a cualquier tipo de desplazamientos, sólo podrá realizarse por las agencias de viaje debidamente clasificadas e identificadas conforme reglamentariamente determine el Gobierno de Canarias.

3.- Aquellos intermediarios turísticos y operadores turísticos que no estén domiciliados en Canarias deberán designar un representante que lo esté y se halle, en tal concepto, inscrito en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos. Asimismo tales intermediarios turísticos y operadores turísticos deberán constituir fianza, de conformidad con las normas que reglamentariamente se dicten, que contemplarán, en todo caso, la singularidad de los que provengan de la Unión Europea, cuando la legislación nacional correspondiente exija tal requisito.

4.- Todas la s agencias de viaje deberán cumplir los requisitos sobre capital mínimo, seguro de responsabilidad civil y fianza que reglamentariamente determine el Gobierno de Canarias, en atención a su tipo y número de sucursales.

5.- Los intermediarios turísticos no podrán contratar con aquellos titulares de establecimientos que no reúnan las condiciones exigidas por esta Ley.

8.15.- Actividad de informadores y guías turísticos.

(Art. 49º)

La actividad de informadores y guías turísticos será regulada reglamentariamente con expresión de la habilitación que se exija, forma de obtenerla, conocimientos adecuados que se requieran y demás requisitos que redunden en beneficio de la calidad de su actividad.

8.16.- Actividad de restaurantes, cafeterías, bares y similares.

(Art. 50º)

1.- Los restaurantes, cafeterías, bares y similares se incorporarán al Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos y se les exigirá el documento acreditativo de la inscripción, así como las autorizaciones previas al ejercicio de dichas actividades, conforme esta Ley.

2.- Reglamentariamente, el Gobierno de Canarias podrá establecer clasificaciones y categorías para tales actividades, teniendo en cuenta las instalaciones del establecimiento, la calidad del servicio y de los productos servidos.

Se podrá crear una categoría especial para aquellos restaurantes que tengan como parte fundamental de su menú la cocina canaria.

3.- Los establecimientos a que este artículo se refiere deberán expresar los anuncios oficiales de uso obligatorio en castellano, inglés, alemán y un cuarto idioma de libre elección.

8.17.- Actividades turísticas complementarias

(Art. 51º)

1.- En todo caso se someten a la presente Ley, y en los términos del art.2, las empresas que con su actividad contribuyen a la oferta turística complementaria, tales como:

a) Salas de fiesta, discotecas, salas de espectáculo y de baile.

b) Atracciones y espectáculos, actividades recreativas, de animación y demás de esparcimiento y ocio.

c) Deportes, acción y aventura.

d) "Caterings", organización y asistencia a congresos y traducción simultánea.

e) Las empresas de transportes de viajeros y las agencias de alquiler de vehículos de cualquier tipo, con o sin conductor.

2.- Son obligaciones de tales empresas:

a) El mantenimiento de la calidad de sus servicios.

b) La cualificación de su personal.

c) La limpieza de la zona donde actúen y no proyectar a los espacios públicos residuos, olores, ruidos y otras causas de molestia.

d) Las empresas que oferten actividades deportivas, de aventura o similares que puedan comportar riesgo, deberán disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños de los que deban responder, en la cuantía que reglamentariamente se determine.

e) Las que reglamentariamente se establezcan.

8.18.- Accesibilidad

(Art. 15.3º)

El acceso a los establecimientos turísticos a que esta Ley se refiere será libre, sin más limitaciones que las derivadas de las reglamentaciones específicas de cada actividad, que determinarán expresamente los casos en que podrá exigirse contraprestación por el acceso.

9.- Derechos y deberes de las empresas y usuarios turísticos

9.1.- Derechos de las empresas turísticas

(Art. 14º)

Las empresas que cumplan con los deberes señalados en el artículo posterior gozarán de los siguientes derechos:

1.- A ser incluidas sus instalaciones, características y oferta específica en los catálogos, directorios, guías y sistemas informáticos de la administración turística de Canarias.

2.- A ser incorporadas a la promoción turística realizada por la administración turística de Canarias.

3.- A poder participar en subvenciones, ayudas y programas de fomento turístico.

4.- A tener participación en las decisiones públicas, en los términos previstos en la legislación vigente, a través de sus asociaciones representativas, a través del Consejo Regional de Turismo o de los Consejos del sector turístico.

9.2.-Obligaciones

9.2.1- Deberes de las empresas turísticas

(Art. 13º)

1.- El ejercicio de la actividad turística empresarial es libre, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes generales.

2.- No obstante, para el establecimiento y desarrollo de tal actividad en el ámbito del archipiélago Canario, las empresas estarán sometidas al cumplimiento de los siguientes deberes específicos:

a)Inscribirse en el Registro General de empresas, Actividades y Establecimientos turísticos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b)Obtener de la administración competente las autorizaciones previas al ejercicio de cualquier actividad turística que pretenda desarrollarse en el Archipiélago Canario. Cuando en los procedimientos iniciados en virtud de solicitudes formuladas por los interesados no haya recaído resolución en un plazo de dos meses, se podrán entender estimadas aquéllas.

c)Cumplir en los establecimientos alojativos el principio de unidad de explotación en los términos previstos en esta Ley.

d)Cumplir los demás deberes que esta Ley impone.

9.2.2.- Quejas y reclamaciones

(Art. 20º)

1.- Las empresas turísticas vienen obligadas a tener en cada establecimiento las hojas de reclamaciones a disposición de sus clientes. La persona encargada del establecimiento estará obligada a facilitar las hojas de reclamación al usuario turístico que lo solicite y a facilitarle, además, las explicaciones necesarias para su adecuada cumplimentación.

2.- En el establecimiento se anunciará de forma bien visible e inequívoca, expresada en castellano, inglés alemán y otro idioma a elegir la existencia de hojas de reclamación a disposición de los clientes.

3.- Tanto las características de las hojas de reclamación como el procedimiento de tramitación de las reclamaciones se determinará reglamentariamente. En todo caso, cuando ala queja se formule directamente ente una Administración pública ésta extenderá recibo de la misma. Copia de todas las quejas y reclamaciones será trasladada a la inspección turística de la Administración Autonómica. Al reclamante se le notificará la resolución que se adopte como consecuencia de su queja.

9.3.- Derechos de los usuarios turísticos

9.3.1.- Consideración general

(Art. 15.1º)

Se entiende por usuario turístico o turista a la persona que utiliza los establecimientos y bienes turísticos o recibe los servicios que le ofrezcan las empresas de esa naturaleza y que como cliente los demanda y disfruta.

(Art. 15.2º)

Como tal, y con independencia de los derechos que le asisten en cuanto consumidor conforme a la normativa general, el usuario turístico tendrá, en los términos previstos en esta Ley, los siguientes derechos:

a)A recibir información veraz, previa y completa sobre los bienes y servicios que se le oferten.

b)A recibir del establecimiento turístico elegido bienes y servicios acordes, en naturaleza y calidad, con la categoría que aquél ostenta.

c)A tener garantizada, en el establecimiento, su seguridad, tranquilidad e intimidad personal.

d)A formular quejas y reclamaciones.

9.3.2.- Derecho a información veraz

(Art. 16º)

1.- Todas las empresas y entidades sometidas a la presente Ley tienen la obligación de facilitar a los usuarios turísticos la información exigida en el artículo anterior, acerca de los bienes y servicios que oferten, antes de contratar los mismos sobre modalidades, condiciones, precios y riesgos del usuario, así como de las eventuales responsabilidades a que pueda dar lugar la actividad turística que despliegan.

2.- La información, incluso la publicitaria, que falsee la verdad presentando bienes y servicios en condiciones mejores que las reales, dará derecho al usuario turístico a recibirlos en las condiciones anunciadas o a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

9.3.3.- Derecho a la calidad de los servicios

(Art. 17º)

1.- La calidad y naturaleza de los servicios debe guardar proporción directa con la categoría del establecimiento turístico.

2.- Las Administraciones Públicas, en los espacios de uso público y las empresas, en los establecimientos que gestionan, garantizarán, además del cumplimiento de las normas sanitarias generales, un nivel de limpieza adecuado al uso turístico de que se trate, siguiendo estas normas:

a) Las empresas serán responsables de los desechos de embalajes, envases y cualesquiera otros elementos depositados en el exterior de sus locales, incumpliendo las normas sobre depósito y recogida de basuras, debiendo las Administraciones públicas con competencia turística exigirles su retirada.

b) Se prohibe la utilización de aceras y vías públicas como lugar de depósito de desperdicios.

c) Se prohibe la permanencia de desperdicios al aire libre por más de sesenta minutos hasta su recogida.

d) Las papeleras, servicios sanitarios y demás elementos de higiene general y de limpieza pública se mantendrán permanentemente en buen estado de servicio.

e) Las parcelas sin edificar y cualesquiera lugares que pudieran ser utilizados como vertederos de basuras o escombros, deberán mantenerse siempre en condiciones adecuadas de limpieza, debiendo cerrarse con elementos arquitectónicos o naturales.

f) Los Ayuntamientos y, en su caso, los Cabildos Insulares, cuando se hayan insularizado los servicios, organizarán el servicio de limpieza pública viaria y de recogida de basuras de forma que los acomode a las previsiones anteriores, así como para que no produzcan ruidos en horas nocturnas y de reposo. Para ello adaptarán las correspondientes ordenanzas y reglamentos del servicio.

9.3.4.- Derecho a la seguridad del usuario turístico

(Art. 18º)

1.- Todo establecimiento abierto al público, que desarrolle una actividad turística deberá cumplir, además de la normativa sobre seguridad de sus instalaciones y protección contra incendios, la específica en materia turística. Antes de la concesión de la autorización previa al ejercicio de actividades turísticas reglamentadas, se procederá por la administración competente a la comprobación de que se reúnen todas esas medidas.

2.- Las empresas deberán informar inequívocamente al usuario turístico de las instalaciones o servicios que supongan algún riesgo y de las medidas de seguridad adoptadas.

3.- Igualmente, informarán de la edad mínima para la práctica de actividades con riesgo, quedando prohibida la oferta a menores de entretenimientos que supongan algún peligro para su integridad física o salud mental.

4.- En aquellos lugares públicos que estuvieran señalizados o incluidos en una red de senderos oficial, se indicará expresamente los eventuales riesgos que puedan comportar.

5.- Con el horario y en las playas que reglamentariamente se determine existirá un servicio de socorrismo y señales sobre la peligrosidad del mar en cada momento.

6.- En todo núcleo turístico deberá existir una señalización especial de los servicios de asistencia médica disponibles en caso de urgencia, y en todo establecimiento se dispondrá de un plano fácilmente comprensible que señale la ruta más corta de acceso a aquéllos.

7.- Los establecimientos turísticos que reglamentariamente se determine, deberán tener capacitado a su personal en la práctica de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de personas hacia salidas de emergencia. Teles establecimientos indicarán estas circunstancias en la información impresa sobre sus sistemas de seguridad.

8.- En las zonas turísticas, se establecerán dispensarios médicos y farmacéuticos, con los requisitos y en el porcentaje por usuarios turísticos que determinen, conjuntamente, las consejerías del Gobierno de canarias competentes en materias de sanidad y de turismo.

9.3.5.- Derecho a la intimidad y tranquilidad

(Art. 19º)

1.- Todo usuario turístico tendrá derecho a la intimidad y tranquilidad. Queda prohibido en los lugares turísticos el uso de sistemas de promoción de venta agresivos, tales como la megafonía o la incitación personal en la calle. Asimismo se prohibe todo tipo de publicidad que perturbe la tranquilidad de los usuarios turísticos.

2.- En los núcleos turísticos, todas las actividades productoras de ruido y especialmente aquellas que utilicen equipos electrónicos de amplificación de sonido, se producirán en recintos adaptados para ello e insonorizados, para evitar que el ruido se proyecte al exterior.

3.- Reglamentariamente, el Gobierno de Canarias aprobará las normas que determinen las características de la publicidad que perturbe a los usuarios, el nivel de ruido y contaminación acústica en los núcleos turísticos, a las que se adaptarán las ordenanzas municipales.

9.4.- Deberes de los usuarios turísticos

9.4.1.- Deberes en general

(Art. 12º)

Toda actividad turística desarrollada en el Archipiélago Canario deberá:

1.- Salvaguardar el medio ambiente y los valores ecológicos de las islas.

2.- Proteger las manifestaciones culturales y la forma de vida de la población de toda agresión, manipulación o falseamiento.

3.- Preservar, y en caso de daño restaurar, los bienes públicos o privados que guarden relación con el turismo.

10.- Promoción del turismo

10.1.- Programas de fomento y apoyo técnico

(Art. 52º)

1.- El Gobierno de Canarias, a través del departamento con competencia en materia de turismo, elaborará y pondrá en acción programas de fomento en los que, a través de subvenciones, se estimule:

a) La fusión y concentración de empresas y los programas de acción conjunta tendentes a mejorar la productividad mediante la disminución de costes, prestaciones de servicios en común u otros medios análogos.

b) La modernización de empresas, en cuanto implique renovación de las instalaciones, adquisición de nuevos equipamientos o actualización de sistemas obsoletos.

c) El saneamiento de las empresas que lo precisen, por actuación sobre su estructura financiera o cualquier otro tipo de apoyo legítimo.

d) La difusión de manifestaciones culturales propias de Canarias.

e) Cualesquiera otras acciones relativas a la oferta turística que el Gobierno estime merecedoras de apoyo turístico. La Consejería competente en materia turística ofrecerá apoyo técnico a las acciones e iniciativas descritas y a cualesquiera otras que tiendan hacia una oferta de mayor calidad.

2.- La concesión de subvenciones se realizará conforme a criterios de publicidad, concurrencia y objetividad y por los procedimientos reglamentariamente establecidos para el ejercicio de la acción de fomento.

3.- La aprobación del programa de fomento obligará a todas las demás Administraciones públicas a coordinar sus correspondientes acciones de fomento turístico.

10.2.- Acción sobre la imagen

(Art. 53º)

1.- La Consejería competente en materia turística, en coordinación con los Cabildos Insulares y los municipios, y en colaboración con la iniciativa privada, elaborará una estrategia de promoción para crear y sostener una imagen de calidad de Canarias como destino turístico, partiendo de las siguientes bases:

a) Que la imagen responda a la realidad

b) Que se incorpore a ella la diversidad de destinos del Archipiélago Canario.

2.- A tenor de la estrategia a que este artículo se refiere la Consejería competente en el área de turismo programará y ejecutará campañas anuales de promoción de Canarias como destino turístico en los mercados que lo requieran.

3.- Las Administraciones insulares y municipales que organicen sus propias campañas de promoción turística, están obligadas a incluir siempre el nombre de "Canarias" acompañado del logotipo y eslogan turístico que el Gobierno determine y, en todo caso, a coordinarse en éste a los efectos del programa de promoción exterior.

10.3.- Acciones sobre sectores

(Art. 54º)

La Consejería competente en materia turística llevará a cabo programas de fomento específicos para los siguientes sectores:

a) Turismo rural, senderismo y atractivos medioambientales, con el fin de fomentar la responsabilidad ecológica y rehabilitar edificios o senderos rurales de especial valor, en coordinación con la administración competente en la gestión relacionada con la conservación de la naturaleza.

b) Turismo de incentivos, convenciones y congresos; promoviendo palacios de exposiciones y congresos y adaptando los establecimientos de la zona de influencia a este tipo de turismo.

c) Turismo interior, fomentando los desplazamientos interinsulares.

d) Turismo deportivo, especialmente el que relacione al usuario con los atractivos naturales de canarias.

e) Cualquier otro que se adapte al cambiante mercado turístico.

10.4.- Acciones sobre actividades

(Art. 55º)

La consejería con competencia turística fomentará:

a) Las actuaciones de los municipios en cuyo territorio existan núcleos turísticos con carencias en infraestructuras, equipamiento o servicios.

b) La consecución del principio de unidad de explotación en los establecimientos alojativos extrahoteleros.

c) La transformación de los apartamentos turísticos en hoteles-apartamentos.

d) La elevación de la categoría de los establecimientos turísticos.

10.5.- Hoteles-escuela

(Art. 68º)

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería competente en materia turística, potenciará los hoteles-escuela, con los siguientes criterios:

a) Estarán abiertos a la realización de prácticas de todos los niveles formativos de turismo, aunque podrán establecer requisitos mínimos de admisión.

b) Organizarán programas de alta especialización y reciclaje de profesionales, impulsando la aplicación de la tecnología más moderna disponible en el sector.

c) Procurará la homologación de las enseñanzas y titulaciones a nivel internacional.

10.6.- Formación profesional reglada y ocupacional

(Art. 69º)

El Gobierno de Canarias propiciará la unificación de criterios en los programas y estudios de la formación reglada y ocupacional. Asimismo, el Gobierno de Canarias tenderá a la equiparación de titulación entre la formación reglada y la ocupacional, estableciendo reglamentariamente los requisitos de esa equiparación sobre la base de identidad de programas y elementos de ambas enseñanzas. Todo ello, sin perjuicio de la competencia atribuida al Estado por el art. 149.1.30 de la Constitución.

10.7.- Escuela oficial y estudios superiores de turismo.

(Art. 70º)

1.- El Gobierno de Canarias propiciará la celebración de convenios con las universidades canarias para la elaboración de programas y planes de estudios superiores en materia turística, determinando las especialidades, el nivel, el plan de estudios y la homologación de titulaciones. En tales Convenios participarán las Consejerías competentes en materias de turismo y de educación

2.- La Escuela Oficial de Turismo de Canarias velará por la calidad de los estudios técnicos especializados en materia turística, en tanto se integren en el sistema universitario.

10.8.- Otros apoyos a la formación turística.

(Art. 71º)

1.- Cualquier entidad educativa podrá ofrecer cursos de especialización o postgrado dirigidos a profesionales del turismo, coordinando su actuación con la Conserjería competente en materia turística.

2.- Esta consejería prestará apoyo a la formación turística mediante becas y otras ayudas, especialmente destinados a la adquisición de conocimientos y tecnologías de vanguardia, nuevas especialidades y formación de profesores, así como a la iniciación y perfeccionamiento en el conocimiento de lenguas extranjeras.

11.- Registros públicos

11.1.- Registro general de Empresas, Actividades y Establecimientos turísticos.

(Art.22º)

1.- El Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos es un registro público, custodiado y gestionado por la Consejería competente en materia turística del Gobierno de Canarias.

2.- La inscripción será obligatoria para toda persona física o jurídica que emprenda cualquier tipo de actividad turística en el ámbito territorial del Archipiélago Canario.

3.- El Registro general de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos se compondrá de las dos secciones siguientes:

A) Sección primera

a) En esta sección, con el carácter de censo de empresas turísticas, será objeto de inscripción obligatoria toda persona física o jurídica que emprenda cualquier tipo de actividad turística en Canarias.

b) La inscripción en esta sección constituye requisito previo y preceptivo para toda actuación de empresas turísticas ante cualquier administración pública tendente al estudio, información, proyecto o puesta en funcionamiento de actividades turísticas.

B) Sección segunda

a) En esta sección serán objeto de inscripción las resoluciones de las Administraciones públicas competentes, de autorización de actividades turísticas y de establecimientos donde aquéllas se desarrollen, así como las incidencias posteriores que las mismas puedan tener.

b) A estos efectos los Cabildos Insulares y en su caso, las demás Administraciones públicas competentes, comunicarán al Registro las resoluciones que dicten, conjuntamente con la notificación al interesado.

4.- Reglamentariamente se establecerán el procedimiento, régimen jurídico y contenido de las inscripciones en el Registro a que este artículo se refiere.

5.- La administración Autonómica determinará la exención de la obligación de registro, cuando se den las circunstancias previstas en el art. 22 de la presente Ley.

11.2.- Entidades colaboradoras de conservación

(Art. 64º)

En las urbanizaciones y núcleos turísticos se constituirán entidades colaboradoras de conservación, de tal forma que, cualquier operador que desarrolle actividades en dicho suelo, será dado de alta en la correspondiente entidad simultáneamente a su inscripción en el Registro General d Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos. Reglamentariamente se determinará el régimen jurídico a que hayan de someterse dichas entidades.

12.- Actividad sancionadora

12.1.- Sujetos responsables

(Art. 73º)

Son responsables de las infracciones turísticas las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que realicen las acciones u omisiones tipificadas por esta Ley.

12.2.- Inspección

12.2.1.- Medios de la inspección turística

(Art. 83.2º)

2.- Para el ejercicio de las funciones previstas en el número anterior, la inspección turística podrá utilizar, entre otros medios, los siguientes:

f) El levantamiento de actas de inspección

g) Efectuar visitas de comprobación

h) Emitir informes Efectuar citaciones a los empresarios turísticos o sus representantes, con los requisitos u efectos previstos en El art. 40 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

12.2.2.- Libro de inspección

(Art. 84º)

A los efectos de permitir el cumplimiento de la labor inspectora, las empresas turísticas dispondrán de un libro de inspección de las características que reglamentariamente se determinen, que tendrán a disposición de los inspectores en todo momento.

12.3.- Infracciones

12.3.1.- Tipología

12.3.1.1.- Infracciones muy graves

(Art. 75º)

Se consideran infracciones muy graves a la disciplina turística:

1.- La actuación sin la preceptiva inscripción en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos o sin cualesquiera de las autorizaciones preceptivas para la entrada en servicio de establecimientos y el desempeño de actividades turísticas reglamentadas.

2.- Efectuar modificaciones sustanciales de la infraestructura, características o sistemas de explotación de los establecimientos turísticos, que pueda afectar a su capacidad, modalidad o clasificación, sin la autorización previa de la administración turística competente.

3.- El incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de infraestructura turística, normas de calidad o dotación de servicios.

4.- No prestar un servicio según lo convenido entre las partes, cuando de ello se deriven perjuicios graves para el usuario.

5.- No disponer del personal, en número o capacitación suficiente según exija la normativa vigente.

6.- La negativa u obstaculización a la actuación de la inspección turística que llegue a impedirla o la aportación a la misma de información o documentos falsos.

7.- Los atentados y acciones perjudiciales para la imagen turística de canarias o de cualesquiera de sus destinos turísticos.

8.- El incumplimiento de la normativa sobre prevención de incendios en los establecimientos turísticos.

12.3.1.2.- Infracciones graves

(Art. 76º)

Constituyen infracciones graves a la normativa turística:

1.- El incumplimiento o alteración de las condiciones esenciales de la autorización de que esté provista la empresa o actividad, cuando tales condiciones hayan servido de base para el otorgamiento de dicha autorización o para la clasificación turística del establecimiento o actividad.

2.- No disponer de las instalaciones, sistemas o servicios obligatorios, según la normativa turística, o tenerlos en mal estado de conservación o funcionamiento.

3.- Las deficiencias manifiestas y generalizadas en la prestación de los servicios, decoro de los establecimientos y funcionamiento o limpieza de sus locales, instalaciones y enseres así como el incumplimiento de las obligaciones previstas en el art.17.2 de esta Ley.

4.- El mal trato de palabra, obra u omisión al usuario turístico.

5.- No notificar los precios cuando es preceptivo o percibir precios superiores a los notificados.

6.- Carecer de las hojas de reclamación obligatorias, no facilitarlas a los clientes o no tramitarlas en tiempo y forma.

7.- No expedir o no hacer entrega al usuario turístico de las facturas por los servicios prestados.

8.- La contratación de personal que carezca de la titulación adecuada, para prestar los servicios que la requieran.

9.- La obstaculización o resistencia a la actuación de la inspección de turismo, que no llegue a impedirla; la falta de comparecencia de los empresarios o sus representantes a las citaciones efectuadas por los inspectores de turismo en la forma determinada en esta Ley y carecer o no facilitar el libro de inspección.

10.- La publicidad turística engañosa, ofertas equívocas o cualquier forma de sugestión que haga inferir una mayor calidad en el servicio de la que es real.

11.- El uso de sistemas de promoción de ventas agresivos que perturben la tranquilidad de los usuarios turísticos.

12.- La sobrecontratación de plazas que origine exceso de reservas que no pueda ser atendido.

13.- El incumplimiento de las normas de esta Ley respecto al principio de unidad de explotación de establecimientos alojativos.

14.- La contratación con empresas que carecieran de autorización preceptiva para el ejercicio de su actividad.

15.- El incumplimiento de las normas sobre reservas y cancelaciones de plazas y la falta de prestación de un servicio convenido, cuando suponga un perjuicio manifiesto para el cliente.

16.- La producción de ruidos, especialmente en aquellas actividades que requieran la utilización de equipos electrónicos de amplificación de sonido, en recintos no adaptados para ello o insonorizados, cuando el ruido se proyecte al exterior.

17.- El ejercicio profesional realizado con incumplimiento de las normas sobre contratación y prestación de servicios turísticos.

18.- Las infracciones tipificadas como muy graves que por razón de su intencionalidad, naturaleza, ocasión o circunstancias no deban considerarse como tales.

12.3.1.3.- Infracciones leves

(Art. 77º)

Se consideran infracciones turísticas leves:

1.- La carencia de anuncios, distintivos, señales o información de exposición pública obligatoria, la negativa a facilitarla o cualquier forma de ocultación de los mismos.

2.- El trato descortés con la clientela.

3.- Las conductas disuasorias de la solicitud de información.

4.- Las deficiencias leves en la prestación de los servicios, decoro de los establecimientos y funcionamiento y limpieza de sus locales, instalaciones y enseres, o en la higiene y decoro del personal que cause molestias a los usuarios.

5.- No confeccionar las facturas con arreglo a las prescripciones reglamentarias, o no conservar los duplicados de las que se hayan expedido.

6.- Las acciones u omisiones que, en orden a la labor inspectora impliquen un mero retraso en el cumplimiento de las obligaciones de información y comunicación.

7.- Cualquier otra infracción, que estando tipificada como grave, no mereciera esta consideración por razón de su falta de intencionalidad, naturaleza, ocasión o circunstancias.

12.4.- Sanciones

12.4.1.- Tipología de sanciones

(Art. 78º)

Por comisión de infracciones a la disciplina turística, podrán imponerse las siguientes sanciones:

1.- Apercibimiento.

2.- Multa.

3.- Suspensión temporal de actividades o del ejercicio profesional.

4.- Revocación de las autorizaciones previas al ejercicio de actividades turísticas reglamentadas.

5.- Clausura definitiva del establecimiento. 6.- Revocación de subvenciones o suspensión del derecho a obtenerlas.

12.4.2.-Correspondencia con las infracciones

(Art. 79º)

1.- El Apercibimiento procederá en los supuestos de infracciones leves, cuando no exista reincidencia y no se estime conveniente la imposición de multa.

2.- Las multas se impondrán según la siguiente escala:

a) En las infracciones leves, hasta 250.000 pts.

b) En las graves: entre 250.001 pts y 5.000.000pts

c) En las muy graves: entre 5.000.001 pts y 50.000.000 pts Para su imposición se atenderá a la naturaleza de la infracción, los perjuicios causados, la trascendencia social, la reincidencia, la intencionalidad especulativa, el lucro ilícito obtenido, la posición del infractor en el mercado y la repercusión sobre la imagen turística, la modalidad y categoría del establecimiento o características de la actividad de que se trate y las repercusiones para el resto del sector. Las cuantías de las multas, podrán ser revisadas por el Gobierno de Canarias, cuando por el transcurso del tiempo, las mismas se consideren desfasadas.

3.- La suspensión temporal de actividades o del ejercicio profesional, se impondrá en los supuestos de infracciones muy graves, como sanción principal o accesoria a la multa, en la siguiente forma:

a) Entre un día y seis meses de suspensión, cuando exista reincidencia en la comisión de faltas graves.

b) Entre seis meses y un año de suspensión, cuando exista reincidencia en la comisión de faltas graves.

4.- La clausura o la retirada de la autorización previa al ejercicio de actividades turísticas reglamentadas, procederá en el caso de infracciones muy graves, cuando el responsable haya sido sancionado dos o más veces por ese tipo de infracciones en el transcurso de tres años consecutivos y medien graves perjuicios para los intereses turísticos de Canarias derivados de la conducta del infractor.

5.- La revocación de subvenciones o la suspensión del derecho a obtenerlas, se podrá imponer como sanción accesoria a las que procedan en los supuestos de faltas graves y muy graves.

6.- El cierre de una empresa o establecimiento que esté desarrollando una actividad turística, sin contar con las autorizaciones preceptivas, no tendrá carácter de sanción, ordenándose el mismo para el restablecimiento inmediato de la legalidad conculcada y hasta el momento en que la misma sea restablecida.

12.5.- Procedimiento

12.5.1.- Inicio

(Art. 80º)

1.- La imposición de sanciones o infracciones muy graves corresponde:

a) Al Gobierno de Canarias: - Multas de más de 25.000.000Pts - Clausura definitiva del establecimiento.

b) Al titular del departamento competente en materia turística: - Multas comprendidas entre 5.000.001 pts y 25.000.000 pts. - Suspensión temporal de actividades o del ejercicio profesional.

2.- La imposición de sanciones por infracciones graves y leves se hará por el órgano que determine el Reglamento Orgánico de la Consejería con competencias turísticas.

12.5.2.- Tramitación

(Art. 81º)

1.- La imposición de sanciones se hará previo expediente, que se sujetará a los principios previstos en los arts. 134, y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.- En el procedimiento se tendrán en cuenta, además, las siguientes reglas:

a) Se levantará un acta de inspección turística, que en caso de estimarse que existe infracción, constituirá el inicio del expediente, debiendo contener la misma, los requisitos formales previstos en la normativa vigente sobre el ejercicio de la potestad sancionadora.

b) La instrucción del procedimiento se llevará a cabo de conformidad con dicha normativa. En el supuesto de infracciones que pudieran ser calificadas como leves, la instrucción se podrá llevar a cabo por el procedimiento simplificado.

3.- Se podrán adoptar medidas provisionales o cautelares, de conformidad con lo previsto en el art. 136 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa de aplicación para el ejercicio de la potestad sancionadora. Entre tales medidas se podrá adoptar la suspensión temporal de la actividad hasta la resolución del procedimiento, si la infracción pudiera dar lugar a la clausura definitiva del establecimiento.

4.- El órgano que resuelva el procedimiento sancionador publicará las sanciones firmes de carácter muy grave y excepcionalmente las graves. Asimismo procederá a su anotación en el Registro General de Empresas, Actividades, y Establecimientos Turísticos.

12.6.- Indemnización de daños y perjuicios

(Art. 82º)

1.- Si como consecuencia de la tramitación de un expediente sancionador, se dedujera la existencia de responsabilidades patrimoniales que diesen lugar a la devolución de cantidades, indemnización de daños o reparación de perjuicios causados, de conformidad con lo previsto en esta Ley, a favor de la Administración pública, en la resolución que se dicte se determinará el importe correspondiente, cuya ejecución forzosa, si fuera necesaria, podrá obtenerse por alguno de los medios previstos en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.- Si en la resolución que se dicte se determinara la reparación de daños y perjuicios que no suponga abono de la cantidad líquida, se podrán imponer multas coercitivas en los términos previstos en el art. 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común.